Por: Ariel Romero.
“Entre Expedientes y Urnas: El Riesgo del Lawfare en la Democracia Dominicana”
La política dominicana parece estar entrando en una nueva etapa. Mientras algunos celebran el fortalecimiento de los mecanismos de persecución y control institucional, otros observan con cautela el surgimiento de estructuras que podrían convertirse en actores determinantes dentro del escenario político nacional.
La experiencia internacional ha demostrado que la lucha contra la corrupción puede convertirse en una poderosa herramienta de legitimación política, pero también puede ser percibida como un instrumento para debilitar adversarios. El debate sobre el lawfare ya no es exclusivo de Estados Unidos, Brasil o Argentina; hoy forma parte de la discusión democrática en gran parte de América Latina.
En República Dominicana, el gobierno continúa impulsando una narrativa centrada en la transparencia, la institucionalidad y el combate a la corrupción. Sin embargo, la aparición de nuevas iniciativas de persecución coincide con un momento en que las fuerzas políticas comienzan a reorganizarse de cara al próximo ciclo electoral.
Es posible que lo que hoy parezca una ventaja para algunos termine convirtiéndose mañana en una carga para ellos mismos. La historia política enseña que las herramientas creadas para enfrentar a un adversario suelen permanecer cuando cambian los actores del poder. Quien hoy aplaude una medida extraordinaria podría mañana convertirse en su víctima.
Si hoy se condena con facilidad la crítica, la denuncia o la sospecha pública, mañana podría resultar imposible señalar a quien realmente incurra en conductas cuestionables. La justicia debe proteger el honor de las personas, pero también garantizar el derecho ciudadano a fiscalizar a quienes ejercen poder.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que muchos daban por políticamente terminado, muestra señales de recuperación. Sus dirigentes vuelven a ocupar espacios de opinión pública y sus estructuras territoriales intentan recuperar la capacidad de movilización que durante años caracterizó a la organización.
La Fuerza del Pueblo, por su parte, avanza con una estrategia menos acelerada, pero constante. Sin hacer demasiado ruido, continúa fortaleciendo su presencia en comunidades, municipios y provincias, apostando a una construcción política delargo plazo. Su desafío no es únicamente crecer electoralmente, sino también
desprenderse de las marcas que sus adversarios intentan asociar a su principal liderazgo. Sin embargo, el expresidente y actual aspirante presidencial parece dispuesto a recorrer nuevamente las escalinatas del poder por cuarta ocasión.
En medio de este panorama surge una pregunta inevitable: ¿las nuevas iniciativas institucionales responden exclusivamente a la necesidad de fortalecer la justicia o también forman parte de una estrategia para influir en el tablero político?
Como suele decir el pueblo: “No tenemos pruebas, pero tampoco dudas”. Para
muchos observadores, ciertas decisiones judiciales y mediáticas parecen llegar en
momentos políticamente oportunos. Algunos incluso sostienen que determinadas sentencias ocupan rápidamente el espacio informativo cuando otros acontecimientos generan cuestionamientos públicos.
La fe nos enseña que la justicia debe estar guiada por la verdad y no por la
conveniencia. La política, en cambio, suele moverse entre intereses, percepciones y luchas por el poder.
La historia demuestra que ninguna democracia se fortalece cuando la justicia es vista como un arma. Pero tampoco cuando la corrupción queda impune. El verdadero
desafío consiste en encontrar el difícil equilibrio entre perseguir el delito y preservar a confianza ciudadana en las instituciones.
Porque, al final, más importante que quién gane la próxima elección será determinar si la República Dominicana logra consolidar una justicia que investigue sin miedo, juzgue sin preferencias y actúe sin presiones.
Esa será la verdadera victoria de la democracia.
