SANTO DOMINGO.– El abogado del Estado y miembro del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), Manuel Conde, afirmó que el Ministerio Público dispone de suficientes elementos probatorios para sustentar la solicitud de medidas de coerción contra los imputados en el denominado caso SeNaSa 2.0. Durante declaraciones ofrecidas a periodistas, sostuvo que la investigación cuenta con una amplia cantidad de evidencias.
Conde señaló además que, según lo expuesto durante el proceso, nueve de los imputados han admitido hechos y colaborado con las autoridades. A partir de esa colaboración, el Ministerio Público solicitó sustituir la prisión preventiva planteada inicialmente por arresto domiciliario para Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
El representante legal del Estado y de SeNaSa indicó que las instituciones buscan recuperar los recursos públicos que, de acuerdo con la acusación, habrían sido afectados por las operaciones investigadas. Conde sostuvo que el Estado ejercerá las acciones legales correspondientes cuando existan señalamientos de sustracción de fondos públicos, independientemente de las personas involucradas o de las entidades afectadas.
La decisión sobre las medidas de coerción está pendiente del juez Rigoberto Sena, quien se reservó el fallo y fijó para este domingo a las 7:00 de la noche la lectura de su decisión. El expediente involucra a 25 personas y el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades que habrían provocado un perjuicio superior a RD$40 millones a SeNaSa. La responsabilidad individual de los imputados deberá ser determinada por los tribunales conforme avance el proceso judicial.
