Por Bienvenido Ruiz
Cuando el poder perdió la austeridad
En la República Dominicana, la salida del doctor Joaquín Balaguer del poder en 1996 no solamente marcó el final de una época política. También puede verse como el comienzo de una transformación en la manera en que una parte de la clase política y funcionarial comenzó a relacionarse con el poder, el dinero público y el lujo.
Balaguer había perdido la vista, pero, paradójicamente, parecía tener una percepción bastante clara de algo que muchos gobernantes posteriores dejaron de mirar: el Estado dominicano administraba los recursos de un país pobre y, por tanto, debía comportarse con austeridad.
Durante sus gobiernos, el ahorro, la prudencia en el gasto y la austeridad formaron parte de una concepción del ejercicio del poder. El lujo personal de los funcionarios no era presentado como una necesidad del cargo ni como una condición indispensable para gobernar.
Después de 1996, el escenario comenzó a cambiar.
La política dominicana fue incorporando progresivamente nuevos símbolos de estatus. La yipeta oficial, el vehículo de lujo, las oficinas suntuosas, los viajes, los grandes séquitos y toda una parafernalia alrededor del funcionario comenzaron a formar parte del paisaje del poder.
La yipeta dejó de ser simplemente un medio de transporte y comenzó a convertirse en una especie de uniforme del funcionario.
Y aquí aparece una pregunta que merece ser formulada:
¿Cuándo el servicio público comenzó a confundirse con el privilegio de ejercerlo?
Una de las justificaciones utilizadas para elevar considerablemente los salarios de funcionarios y servidores públicos ha sido que una remuneración adecuada ayuda a reducir la tentación de la corrupción.
El razonamiento parece lógico: si una persona recibe un salario digno, tendría menos razones para apropiarse indebidamente de los recursos públicos.
Pero existe una contradicción que la realidad parece plantearnos:
Si el aumento de los salarios fuera suficiente para eliminar la corrupción, ¿por qué la corrupción no desapareció proporcionalmente al aumento de las remuneraciones?
Porque quizás el problema no sea solamente cuánto gana un funcionario.
También importa qué entiende ese funcionario por riqueza, privilegio y servicio público.
Si aumentar el salario viene acompañado de una cultura donde el funcionario considera normal utilizar vehículos costosos, disponer de numerosos asistentes, disfrutar de privilegios y rodearse de una estructura de gastos que un ciudadano común jamás podría permitirse, entonces el problema no se resuelve aumentando el sueldo.
Simplemente se eleva el costo de mantener el poder.
Y mientras tanto, el ciudadano continúa pagando.
No se trata de defender que los funcionarios deban vivir miserablemente. Tampoco de pretender que el Estado funcione con vehículos inadecuados o que un ministro tenga que trasladarse en un automóvil viejo.
Se trata de establecer una diferencia fundamental:
una cosa es lo necesario para que el Estado funcione y otra muy diferente es utilizar al Estado para sostener una cultura de ostentación.
Un país pobre no puede administrar sus recursos como si fuera rico.
Y mucho menos puede hacerlo una clase política que reclama sacrificios a la población mientras convierte el presupuesto público en una fuente de comodidades y privilegios.
Cuando alguien administra dinero ajeno, la prudencia debería ser mayor, no menor.
Balaguer, con todas las críticas que puedan hacerse a su larga trayectoria política, entendió una cosa elemental: el Estado no es una extensión de la casa del gobernante.
El presupuesto público pertenece a la nación.
Por eso, más que discutir solamente cuánto ganan los funcionarios, deberíamos discutir cuánto cuesta mantenerlos, qué privilegios reciben, qué resultados producen y cuánto de todo ese gasto realmente beneficia al ciudadano.
La fiesta de las yipetas es solamente el símbolo.
El problema verdadero es mucho más profundo:
cuando el funcionario comienza a medir la importancia de su cargo por el tamaño de la yipeta que lo transporta, ya hemos dejado de hablar de servicio público y comenzamos a hablar de estatus.
Y un país puede soportar funcionarios con buenos salarios.
Lo que difícilmente puede soportar indefinidamente es una clase dirigente que confunda el poder de servir con el privilegio de disfrutar del poder.
