Santo Domingo. La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) advirtió que República Dominicana enfrenta un escenario complejo ante la solicitud de Estados Unidos de derogar el Decreto 693-24, disposición relacionada con el régimen arancelario aplicado a las importaciones de arroz. La organización considera que una apertura más amplia del mercado podría colocar a los productores nacionales ante condiciones de competencia para las cuales el país no ha desarrollado suficientes mecanismos de protección y competitividad.
La ANPA sostiene que durante aproximadamente dos décadas República Dominicana tuvo la oportunidad de modernizar de manera integral su producción arrocera, mediante inversiones en sistemas de riego, mecanización, investigación, financiamiento, nuevas variedades y reducción de costos. Sin embargo, afirma que esas transformaciones no alcanzaron el nivel necesario para enfrentar una competencia directa con productores estadounidenses que operan bajo estructuras productivas y tecnológicas diferentes. A juicio de la entidad, las consecuencias de esa falta de preparación no deberían recaer exclusivamente sobre los agricultores dominicanos.
Según la organización, una modificación abrupta de las actuales condiciones de importación podría afectar a miles de productores y a otros sectores vinculados con la cadena del arroz, incluyendo factorías, trabajadores, transportistas y comunidades rurales. La ANPA estima que están en juego alrededor de 30,000 productores, entre 1.3 y 1.5 millones de tareas dedicadas al cultivo, una producción cercana a 14.8 millones de quintales y una actividad económica que supera los RD$45,000 millones anuales. También advierte sobre el riesgo de una mayor dependencia de las importaciones para cubrir la demanda nacional.
Ante este panorama, la ANPA propone que el Gobierno convoque una mesa nacional del arroz con participación de productores, autoridades, profesionales agropecuarios, factorías, universidades, entidades financieras y centros de investigación. La organización plantea además realizar una evaluación independiente del impacto económico, social y alimentario de una eventual apertura, negociar un período de transición con Estados Unidos y desarrollar un Programa Nacional de Competitividad Arrocera que permita reducir costos, modernizar el riego, elevar la productividad y ampliar el acceso al financiamiento. La entidad aclara que su posición no es contraria al comercio ni al cumplimiento de los acuerdos internacionales, sino que reclama condiciones que permitan preservar la capacidad productiva nacional.
