Santo Domingo, República Dominicana. — El comunicador Ángel Martínez se retractó este miércoles ante un tribunal de las acusaciones que había formulado públicamente contra el dirigente político y exministro de Educación Roberto Fulcar Encarnación, al reconocer que las informaciones que difundió eran falsas. Durante la audiencia, Martínez manifestó su arrepentimiento y pidió disculpas a Fulcar, a sus familiares, al tribunal y a la sociedad dominicana por las consecuencias de sus declaraciones.
La retractación ocurrió en el marco del proceso judicial promovido por Fulcar en defensa de su honor y reputación, luego de que Martínez realizara señalamientos que, según la defensa, lo vinculaban con hechos ilícitos. El comunicador admitió que esas afirmaciones provocaron perjuicios a la imagen personal y pública del exministro, así como a su entorno familiar, después de comprobar que las informaciones que le habían suministrado y que posteriormente divulgó carecían de veracidad.
La abogada Ingrid Hidalgo, representante legal de Fulcar, consideró que el reconocimiento realizado ante el tribunal constituye un paso relevante para establecer la verdad y llamó a ejercer con responsabilidad la libertad de expresión y de prensa. La jurista sostuvo que las acusaciones trascendieron la crítica política y cuestionó el uso de señalamientos falsos para afectar la trayectoria de figuras públicas. También advirtió que los medios y comunicadores deben verificar rigurosamente las informaciones antes de divulgarlas, debido al impacto que una acusación infundada puede generar sobre la reputación de una persona.
Hidalgo señaló que la retractación no elimina las consecuencias del daño ocasionado, pero representa un reconocimiento público de la falsedad de las imputaciones. La defensa destacó además la trayectoria de servicio público de Roberto Fulcar y sostuvo que su reputación ha sido construida durante décadas mediante su trabajo y desempeño profesional. El caso vuelve a colocar en el debate nacional la responsabilidad que tienen quienes difunden acusaciones públicas y la necesidad de preservar el equilibrio entre libertad de expresión, derecho a informar y protección del honor y la dignidad de las personas.
