Santo Domingo Este. – El registro de motoconchistas promovido por la Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE) ha generado un amplio rechazo entre los conductores de motocicletas, quienes consideran que el cobro de 1,000 pesos por la inscripción es excesivo e ilegal. Aunque la medida busca formalizar y regularizar el servicio de motoconcho en el municipio, enfrenta duros cuestionamientos de los afectados, expertos legales y gremios del sector.
El presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto), Óscar Almánzar, criticó el registro al considerarlo sin sustento legal. “Es un registro que no tiene legalidad, porque ya existe un registro nacional de motocicletas gestionado por el Intrant”, afirmó Almánzar.
Además, cuestionó el cobro obligatorio de 1,000 pesos, calificándolo de medida recaudatoria que golpea directamente a los motoconchistas. “Si lo que buscan es control interno, pueden hacer un registro gratuito, pero cobrar arbitrariamente no tiene lógica”, expresó. Fenamoto ha solicitado a las autoridades municipales que el proceso se realice en coordinación con la Ley 63-17, garantizando la legalidad y sin afectar la economía de los trabajadores.
Conductores como Rafael Antonio Pérez lamentaron el alto costo de la inscripción, asegurando que representa una carga difícil de asumir. “El que vive del motoconcho sobrevive día a día. Uno paga casa, tiene familia, hijos en la universidad… 1,000 pesos es demasiado”, comentó Pérez, quien aseguró que no tiene planes de inscribirse.
Por su parte, Radamel Figuereo calificó el cobro como un abuso y cuestionó su legalidad. “¿Qué ley los ampara para cobrarnos este impuesto? Nos están quitando la comida de cuatro días”, criticó indignado.
La Alcaldía ha defendido la medida, argumentando que el registro incluiría un carné con código QR, chaleco reflectante, una chapa para la motocicleta y cobertura de gastos fúnebres en caso de accidente. Sin embargo, el seguro médico, promocionado como un beneficio, es canalizado a través del Senasa sin costo adicional y no es ofrecido directamente por la Alcaldía.
A pesar de la oposición, el Ayuntamiento mantiene su postura, generando un fuerte debate sobre la legalidad y el impacto económico de la medida en uno de los sectores más vulnerables del transporte urbano.
