Santo Domingo.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) solicitó a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría especial al programa Supérate y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) investigar posibles actuaciones ilícitas relacionadas con la selección de beneficiarios y el manejo de los recursos destinados a las ayudas sociales. La organización opositora considera necesario esclarecer los procedimientos utilizados y determinar si se produjeron violaciones a las disposiciones legales.
La denuncia fue presentada por el exvicepresidente de la República Rafael Alburquerque, durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura. El dirigente señaló que una resolución administrativa de abril de 2022 permitió incorporar 300 mil hogares al programa Aliméntate y otros 400 mil beneficiarios al Bonogás, para un total de 700 mil inclusiones, cuyo costo anual estima en RD$8,196 millones. Cuestionó que esas incorporaciones se realizaran antes de completar la evaluación socioeconómica correspondiente del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).
Alburquerque también puso bajo cuestionamiento los mecanismos establecidos para la distribución del Bono Navideño, al señalar que una disposición de octubre de 2026 contempla procedimientos de identificación y selección de beneficiarios que, a su juicio, podrían desplazar competencias atribuidas al SIUBEN. Asimismo, indicó que entre 2020 y 2025 se anunciaron asignaciones superiores a RD$19,000 millones para ese programa y que el proyecto de Presupuesto General del Estado de 2027 contempla otros RD$4,000 millones, por lo que reclamó mayor transparencia sobre los criterios de selección y la identificación de los destinatarios.
El exvicepresidente aclaró que la Fuerza del Pueblo no cuestiona la existencia de los subsidios, sino el posible uso político de los fondos públicos destinados a las familias vulnerables. En ese sentido, pidió que los organismos fiscalizadores examinen las decisiones administrativas, los registros de beneficiarios y los desembolsos realizados, a fin de establecer si los recursos llegaron a quienes cumplen los requisitos legales. También advirtió que los programas de protección social deben operar bajo criterios verificables, transparencia y controles institucionales, sin convertirse en instrumentos de clientelismo electoral.



