FNP plantea reforma del sistema penal y siete medidas para enfrentar el crimen organizado en RD

FNP plantea reforma del sistema penal y siete medidas para enfrentar el crimen organizado en RD

Luis Manuel Ferreras 

SANTO DOMINGO, RD.- La Fuerza Nacional Progresista (FNP) propuso una transformación profunda de las políticas de seguridad pública y del sistema penal dominicano, al considerar que el modelo vigente no ha logrado responder de manera efectiva al avance de estructuras vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico. La organización cuestionó lo que identifica como la aplicación del denominado “Código 29” y llamó a los poderes del Estado a adoptar nuevas estrategias dentro del marco constitucional.

Entre sus planteamientos, la FNP propone incorporar elementos de la doctrina conocida como Derecho Penal del Enemigo, adaptados a la legislación dominicana, junto con una reforma del Código Procesal Penal para establecer mecanismos diferenciados frente a delitos de alta complejidad y violencia. También plantea revisar aspectos relacionados con la delación premiada, la extradición y la persecución judicial de organizaciones criminales.

La organización presentó siete líneas de acción que incluyen la implementación de un servicio social y militar obligatorio para jóvenes; medidas de protección para niños y adolescentes frente a contenidos considerados perjudiciales; la creación de un Ministerio de la Familia y el Bienestar Social; y una jurisdicción especial de alcance nacional para casos de narcotráfico internacional, lavado de activos, trata de personas, terrorismo, corrupción y otras infracciones de alta peligrosidad. Asimismo, reclamó mayores controles tecnológicos y financieros para enfrentar las operaciones del crimen organizado.

La FNP también planteó bloquear las comunicaciones telefónicas desde los centros penitenciarios, fortalecer la supervisión de los movimientos financieros internacionales y ampliar el uso de dispositivos de vigilancia electrónica para personas sometidas a determinadas medidas judiciales. En materia de armas, propuso modificar la legislación vigente para revisar las condiciones de porte y tenencia por parte de ciudadanos que cumplan los requisitos legales.

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