Distrito Nacional.– La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, declaró la extinción de la acción penal para varios querellantes particulares en el expediente por corrupción administrativa conocido como caso Calamar, que involucra a los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo.
La magistrada tomó la decisión al considerar que algunos abogados de los querellantes no contaban con los poderes legales necesarios para representar a sus clientes, y otros incurrieron en desistimiento tácito, al no comparecer ni presentar representación válida, conforme al artículo 134 del Código Procesal Penal. La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el próximo 25 de agosto.
El abogado Carlos Escalante, representante de Ángel Lockward, explicó que se archivaron tres casos, incluyendo uno que agrupaba a 85 querellantes, debido a que las acciones penales fueron mal instrumentadas. Señaló además que muchos de los demandantes no tenían derechos sobre los terrenos objeto de los pagos estatales ni contratos con el Estado, por lo que no podían haber sido víctimas de engaño.
Entre los afectados por la decisión están querellantes representados por los abogados Pablo Castillo y Anabel Montalvo Mota, quienes presentaron certificados médicos en la audiencia, tras varios aplazamientos anteriores. La jueza también ordenó desglosar del expediente a dos personas en condición médica grave: Andrés Moya, de 86 años, con cáncer terminal, y Parmenio Rodríguez, diagnosticado con cáncer de próstata.
El expediente incluye una querella particular contra más de 260 personas y entidades, entre ellas BXT Dominicana, Grupo Amerinova, Grupo Bibefe, y otros ciudadanos como Amauri Peguero Cabrera, Ana Linda Fernández de Paola, José Agustín Mota Núñez, entre muchos más.
El caso Calamar, que sigue en fase de audiencia preliminar ante la misma jueza, ha generado amplia atención pública, ya que el Ministerio Público, a través de la PEPCA, acusa a los imputados de desviar millones de pesos mediante pagos irregulares por expropiaciones, sobornos y financiamiento electoral vinculado a la campaña del 2020.
