SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Expertos de República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Ecuador y México analizaron los nuevos desafíos que plantea la ciberdelincuencia y coincidieron en la necesidad de fortalecer las legislaciones, la prevención y la cooperación internacional para enfrentar delitos que evolucionan al mismo ritmo que la tecnología. Las consideraciones fueron expuestas durante el panel internacional “Cibercriminalidad y sociedad: desafíos contemporáneos”, organizado por la Universidad APEC (Unapec) y el Observatorio Global de Ciencias Jurídicas y Cambio Global para el Desarrollo.
Durante el encuentro, la exjueza emérita de la Suprema Corte de Justicia dominicana, Esther Angelán Casasnovas, alertó sobre el uso de inteligencia artificial para crear imágenes, audios y voces falsas, así como perfiles fraudulentos capaces de manipular información. Advirtió que estas prácticas representan un riesgo particular durante los procesos electorales y planteó la necesidad de establecer una legislación integral que regule la protección y utilización responsable de los datos en los sectores público y privado.
El asesor en Asuntos Cibernéticos del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, Claudio Miguel Antonio Peguero Castillo, destacó la educación como una herramienta clave para reducir las víctimas de delitos digitales como el phishing, las estafas mediante WhatsApp y el secuestro de cuentas. Los participantes también reclamaron mayor capacitación para jueces, fiscales e investigadores, el fortalecimiento de las unidades especializadas y mejores mecanismos para preservar y utilizar evidencia digital en las investigaciones.
La jornada, que contó con especialistas de varios países, puso además sobre la mesa la necesidad de establecer estrategias regionales contra el crimen organizado digital, mediante el intercambio de inteligencia y operaciones coordinadas. Los participantes señalaron que el anonimato, la rapidez con que pueden desaparecer los datos y la operación transnacional de las estructuras criminales dificultan la persecución penal, por lo que llamaron a impulsar políticas de Estado que trasciendan los cambios de gobierno y permitan una respuesta sostenida frente a las amenazas cibernéticas.
