Santo Domingo, República Dominicana.– La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) manifestaron su preocupación por decisiones y proyectos que, según sostienen, estarían abriendo espacios para la participación de capital privado dentro de áreas protegidas del país. Las entidades señalaron que los casos de Valle Nuevo, Cabo Samaná e Isla Catalina ameritan explicaciones públicas y un estricto cumplimiento de las normas ambientales.
En relación con el Parque Nacional Valle Nuevo, ambas comisiones cuestionaron que instalaciones destinadas al uso público y construidas con recursos del Estado hayan pasado a ser administradas por un gestor privado, sin que, de acuerdo con su denuncia, se hayan divulgado de manera suficiente las condiciones, criterios y procedimientos utilizados para concretar esa decisión. También expresaron reparos al nuevo plan de manejo del Monumento Natural Cabo Samaná, debido a que contempla, según indicaron, la posibilidad de establecer infraestructura privada con fines comerciales en sectores correspondientes a la zona núcleo.
La Isla Catalina constituye otro de los puntos de preocupación. Las organizaciones ambientalistas señalaron que se ha anunciado la transformación de parte del Monumento Natural para desarrollar instalaciones hoteleras y turísticas mediante inversión privada, pero cuestionaron la falta de información detallada sobre el proyecto y sus alcances. A su juicio, dar a conocer la iniciativa cuando se encuentra en una fase avanzada genera la percepción de que se trata de una decisión prácticamente consumada. También advirtieron sobre posibles contradicciones entre la zonificación propuesta para la zona de amortiguamiento de Cabo Samaná y la Resolución 0010/2018 del Ministerio de Medio Ambiente, que establece los usos permitidos en ese espacio.
Las dos entidades llamaron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a explicar públicamente los procesos relacionados con Valle Nuevo, Cabo Samaná e Isla Catalina y a garantizar que cualquier actuación se ajuste a la Constitución y a la Ley 202-04 sobre Áreas Protegidas. Recordaron que el marco jurídico dominicano reconoce estas zonas, sus ecosistemas, especies y recursos naturales como patrimonio de la nación y establece restricciones para su transferencia a particulares. Las comisiones reclamaron transparencia, respeto a la legislación vigente y medidas que aseguren la conservación del patrimonio natural y cultural para las actuales y futuras generaciones.
