Editorial
Lo que está ocurriendo en la zona fronteriza de la República Dominicana ya no es solo una cuestión de seguridad nacional, sino un llamado urgente a la coherencia del Estado. Una crisis estructural en Haití, fuera del alcance de nuestras instituciones, está empujando a miles de ciudadanos a buscar desesperadamente una salida, muchas veces intentando entrar al país de manera irregular.
Frente a ese escenario, el Ejército de República Dominicana ha respondido con acciones claras: vigilancia redoblada, patrullajes constantes y operativos como el que recientemente condujo a la detención de ocho nacionales haitianos ocultos en un platanal en Montecristi. Son acciones firmes, legítimas, necesarias.
Sin embargo, la otra cara de la moneda refleja una vergonzosa contradicción institucional. Mientras los soldados vigilan, arriesgan sus vidas y agotan recursos, empleados públicos —sí, funcionarios del mismo Estado— están siendo sorprendidos transportando haitianos indocumentados en vehículos oficiales. El caso de Joel Rafael Ventura Mejía, detenido en Valverde Mao, es más que preocupante: es alarmante.
¿Y qué sucede cuando estos casos llegan a la justicia? Multas simbólicas, garantías económicas ridículas, presentaciones periódicas y, al poco tiempo, los mismos rostros reincidiendo en el delito. La justicia dominicana no está enviando el mensaje correcto. Se sigue viendo el tráfico de personas como una falta menor, mientras se desangran los esfuerzos del Ejército y se normaliza la complicidad estatal.
No se trata de ser “inhumanos” ni de atacar al pueblo haitiano —como algunos insisten en tergiversar el mensaje—, sino de poner freno al negocio que representa el tráfico de indocumentados, muchas veces con la complicidad de los mismos que juraron servir al Estado.
Por eso insistimos: hacen falta sanciones ejemplares, medidas que realmente detengan esta práctica. Endurecer las penas, modificar el Código Penal si es necesario, y sobre todo, exigir que el Ministerio Público y el Poder Judicial dejen de actuar con laxitud frente a este delito.
Si no hay consecuencias reales, los operativos del Ejército serán solo paños tibios en un sistema que tolera la ilegalidad desde adentro.
Este editorial no es solo una denuncia. Es una advertencia. Si el Estado no actúa como un todo, si se sigue socavando desde dentro el esfuerzo de nuestras fuerzas armadas, entonces la frontera no se está protegiendo, se está traicionando.
