Tribunales se convierten en nuevo foco de detenciones migratorias en EE. UU.

Tribunales se convierten en nuevo foco de detenciones migratorias en EE. UU.

California. En medio de una intensificación de la ofensiva migratoria del Gobierno de Donald Trump, abogados y activistas han denunciado un preocupante cambio de estrategia: ahora las detenciones de inmigrantes no solo se producen en redadas o controles de tránsito, sino también dentro y fuera de los tribunales en todo el país.

La práctica, según especialistas en derecho migratorio, atenta contra el debido proceso y convierte los juzgados en zonas de temor. “Me están diciendo que vaya”, comentó un inmigrante mexicano a su abogada tras recibir una notificación adelantada de audiencia. “No te presentes, me voy a presentar yo por ti”, respondió Vanessa Manzi, quien señaló que esa instrucción fue clave para que su representado no fuera arrestado por ICE y pudiera continuar su proceso de asilo.

Casos similares se han documentado en Arizona, Maryland, Virginia, Pensilvania, Illinois, Nueva York y California, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han efectuado arrestos en pasillos de juzgados o a las puertas de los edificios judiciales, incluso esposando y escoltando a inmigrantes indocumentados frente a testigos.

La escalada responde a la reciente derogación por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de una directriz que limitaba la ejecución de detenciones en entornos judiciales. Según la vocera del DHS, Tricia McLaughlin, ahora los agentes pueden actuar en tribunales guiados por el “sentido común”, con el argumento de detener “extranjeros ilegales delincuentes”.

No obstante, múltiples reportes evidencian que la estrategia se extiende más allá de personas con antecedentes criminales, afectando a inmigrantes sin ciudadanía que acuden a audiencias legales o buscan resolver su estatus migratorio.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han alzado la voz frente a lo que consideran una criminalización del acceso a la justicia, advirtiendo que estas medidas generan un efecto disuasorio en migrantes que temen acudir a tribunales, poniendo en riesgo su defensa legal y sus derechos fundamentales.

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