SANTO DOMINGO. – La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó de manera definitiva las condenas impuestas a Wesly Vincent Carmona Corcino, conocido como “El Dotolcito”, y a Allyson de Jesús Pérez Mejía, alias “Chiquito”, por su participación en la muerte del joven Joshua Omar Fernández, ocurrida el 16 de abril de 2023.
El tribunal, presidido por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, confirmó la pena de 30 años de prisión contra Pérez Mejía (Chiquito) y 15 años de prisión contra Carmona Corcino (El Dotolcito), ratificando las sentencias dictadas por los tribunales de instancia. La decisión de la Suprema Corte pone fin al proceso judicial, al declararse inadmisibles los recursos interpuestos por las defensas de los condenados.
De acuerdo con el dispositivo de la sentencia, el tribunal también dispuso notificar la decisión a los jueces de ejecución de la pena de los departamentos judiciales de Santo Domingo y San Cristóbal, a los fines de que procedan con la ejecución correspondiente de las condenas.
La decisión fue adoptada de manera unánime por los magistrados Nancy Salcedo, Fran Soto, María Garabito y Francisco Antonio Ortega Polanco, quienes coincidieron en que las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad penal de ambos implicados en el hecho que conmocionó a la sociedad dominicana.
El caso de Joshua Fernández generó una amplia atención pública desde 2023, luego de que se confirmara que el joven perdió la vida tras ser impactado por un disparo durante un asalto ocurrido a la salida de un centro nocturno en el sector Naco, del Distrito Nacional. Las investigaciones establecieron que el crimen fue planificado y ejecutado con la participación directa de “Chiquito” y otros implicados, mientras que “El Dotolcito” tuvo un rol de colaboración determinante en los hechos.
Con esta decisión, la Suprema Corte de Justicia reafirma la vigencia del principio de responsabilidad penal y la efectividad del sistema judicial dominicano, garantizando que los delitos graves como este no queden impunes. La sentencia marca el cierre de un proceso que mantuvo en vilo a la opinión pública y consolida el precedente jurídico en materia de homicidios vinculados a hechos delictivos con participación de jóvenes.
