El caso que envuelve al Seguro Nacional de Salud (Senasa) no puede pasar como un escándalo más en la larga lista de denuncias sobre el manejo de los recursos públicos. Lo que ha salido a relucir en los últimos días, con investigaciones periodísticas y confirmaciones oficiales, evidencia un problema estructural que afecta directamente a lo más sagrado: la salud del pueblo dominicano.
Durante meses, voces de la oposición habían advertido sobre irregularidades en la administración de los fondos y en la cantidad de afiliados registrados en Senasa. En su momento, esas denuncias fueron vistas como parte del debate político. Sin embargo, la reciente publicación de Nuria Piera y otros espacios de investigación mostró contratos cuestionables, ampliaciones de coberturas y pagos millonarios a empresas privadas por cada afiliado, incluso sin garantizar la prestación del servicio.
Estamos hablando de más de 65 millones de pesos mensuales y un esquema de financiamiento que, en lugar de fortalecer la red pública de atención primaria, desvía recursos hacia redes privadas. Esto resulta alarmante en un país donde miles de ciudadanos esperan por meses una cita médica o dependen de una receta que, en ocasiones, no pueden costear.
El presidente Luis Abinader ha dicho claramente que la investigación sobre Senasa se inició desde el Gobierno, y que tanto la Procuraduría, como la Cámara de Cuentas y organismos especializados trabajan en el caso. Ha advertido, además, que quien haya sustraído fondos de la salud debe enfrentar consecuencias ejemplares. Esa posición es correcta y debe mantenerse sin titubeos.
Pero hay algo más que no se puede obviar: la gestión de Senasa durante este proceso ha carecido de respuestas claras. Su director, el doctor Santiago Hazim, profesional con trayectoria médica reconocida, ha optado por el silencio, limitándose a mensajes aislados y sin dar la cara en un tema que afecta a millones de afiliados. Callar en momentos como este es dar espacio a la incertidumbre y a la desconfianza ciudadana.
La salud de los dominicanos más vulnerables no puede convertirse en terreno de negocio ni en botín político. La transparencia es el único camino. Los responsables deben rendir cuentas, y el sistema debe ser reformado para garantizar que cada peso destinado a la salud pública llegue donde realmente hace falta: a los hospitales, a los medicamentos, a las consultas y, sobre todo, a la gente que no tiene otra opción.
Senasa no puede quedar manchado por la duda. Porque cuando se juega con la salud, se juega con la vida.
