Santo Domingo, DN – Un proyecto de ley presentado ayer en el Senado propone reducir los controvertidos privilegios fiscales de los legisladores, limitando la importación de vehículos exonerados de impuestos a uno cada cuatro años en lugar de dos, y estableciendo un tope de 200,000 dólares por unidad. La medida, que apunta a disminuir el costo para el fisco, ha generado un intenso debate público.
El autor de la iniciativa, el senador Alexis Victoria Yeb, representante de María Trinidad Sánchez por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), busca reformar la legislación vigente que permite a los legisladores importar hasta dos vehículos en un cuatrienio, sin restricciones de tipo, marca o especificaciones técnicas. De ser aprobada, la nueva normativa entraría en vigor en 2028.
Entre 2020 y julio de 2024, el actual esquema de exoneraciones ha costado al Estado RD$2,140 millones, según cifras de la Dirección General de Aduanas. Este monto corresponde a la importación de 499 vehículos, incluidos modelos de lujo y deportivos que, en algunos casos, son vendidos a terceros, aprovechando el beneficio fiscal.
“Es un privilegio desproporcionado que necesita ser regulado”, afirmó Victoria Yeb, quien aseguró que la medida busca reducir el impacto fiscal y garantizar una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.
El proyecto ha desatado críticas y cuestionamientos sobre la continuidad de las exoneraciones. Para algunos, limitar el número y costo de los vehículos es insuficiente, argumentando que el beneficio debería eliminarse por completo. Otros ven en la propuesta un paso hacia la racionalización del gasto público, aunque advierten que la entrada en vigencia en 2028 podría diluir su impacto inmediato.
La práctica de otorgar exoneraciones a legisladores ha sido señalada por organizaciones civiles y sectores de la sociedad como un símbolo de inequidad, especialmente en un contexto de demandas de mayor austeridad y eficiencia en el uso de los recursos del Estado.
La discusión de esta iniciativa abrirá el debate sobre los privilegios de los legisladores y su papel en la distribución equitativa de los recursos públicos. Mientras tanto, la ciudadanía se mantiene expectante ante una posible reforma que podría marcar un cambio en la relación entre los representantes del Congreso y el manejo de los fondos del Estado.
