Santo Domingo. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) dio un paso significativo en su compromiso con la transparencia y la mejora de los servicios públicos al presentar este jueves 30 de enero la primera versión de su Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) 2024-2026.
Durante el acto, la presidenta del Consejo Directivo de Pro-Competencia, María Elena Vásquez Taveras, destacó que este documento no es solo una formalidad, sino una declaración de principios y un pacto de calidad en la prestación de servicios.
“La Carta Compromiso al Ciudadano es un instrumento de cambio que fortalece nuestra relación con la sociedad y motiva a nuestros colaboradores a elevar su desempeño en beneficio del ciudadano”, afirmó Vásquez Taveras.
El programa Carta Compromiso al Ciudadano es una estrategia impulsada por el Ministerio de Administración Pública (MAP) para garantizar la calidad y transparencia en los servicios estatales, así como fortalecer la confianza entre el Estado y la ciudadanía.
La encargada del Departamento de Análisis Regulatorio y Compromisos de Servicios del MAP, Johana Guerrero, resaltó el esfuerzo de Pro-Competencia en la elaboración del documento y subrayó su importancia como una herramienta clave para que el sector privado pueda expresar sus inquietudes y sugerencias sobre la competencia en los mercados.
La directora ejecutiva de Pro-Competencia, Fior D’aliza Alduey Mercedes, junto con la encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo, Visaes Coronado, detallaron los compromisos asumidos y los procedimientos que facilitarán a los ciudadanos el acceso a los servicios.
Con la CCC 2024-2026, Pro-Competencia se compromete a:
- Recibir y gestionar denuncias sobre competencia desleal.
- Proporcionar información clara y accesible a los ciudadanos.
- Fomentar la transparencia en sus procesos.
- Escuchar activamente las necesidades del sector privado y la sociedad civil.
El documento fue entregado a líderes empresariales y académicos, entre ellos Verónica Núñez, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (ANMEPRO); Martín Montilla, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); y Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
El evento contó con la participación de representantes del sector público y privado, como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), reafirmando así el compromiso interinstitucional con la transparencia y la eficiencia gubernamental.
