Santo Domingo.– La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) abrió una investigación formal contra las empresas Agroindustrias Coralis AGROCO, SRL y Credi Med, SRL, por presuntas prácticas anticompetitivas en tres procesos de licitación pública convocados por los Comedores Económicos del Estado Dominicano.
Según la resolución emitida por la Dirección Ejecutiva, existen indicios suficientes de posibles acuerdos colusorios entre ambas empresas. El documento resalta similitudes inusuales en sus ofertas técnicas y económicas, así como la utilización del mismo notario público, a pesar de operar en provincias distintas. Este patrón sugiere una posible coordinación ilícita para distorsionar la competencia y obtener ventajas indebidas en la adjudicación de contratos de suministro de alimentos crudos.
“El comportamiento observado apunta a una unidad de control y dirección, con estrategias comunes orientadas a falsear la libre competencia, en perjuicio del interés público”, indica el texto.
Pro-Competencia aclaró que esta apertura no implica una declaración de culpabilidad, sino que forma parte del debido proceso legal para esclarecer los hechos y recopilar pruebas. Ambas empresas fueron formalmente notificadas y disponen de 20 días hábiles para ejercer su derecho de defensa.
El Consejo Directivo de Pro-Competencia, la Dirección General de Contrataciones Públicas y los Comedores Económicos fueron también informados de la medida.
De comprobarse, las acciones en investigación podrían violar el Artículo 5 de la Ley 42-08, que prohíbe acuerdos concertados que limiten o distorsionen la competencia en procesos públicos, incluyendo la fijación de precios o condiciones pactadas. Las sanciones van desde 30 hasta 3,000 veces el salario mínimo.
Estas prácticas, si se confirman, afectarían directamente la eficiencia del gasto público y vulnerarían los principios de transparencia y equidad que deben regir las compras del Estado.
Pro-Competencia informó que continuará recopilando información, realizando entrevistas y analizando documentos para determinar si existió una conducta sancionable conforme al marco legal vigente. Este proceso busca proteger la competencia leal y el uso adecuado de los recursos públicos, en beneficio de la ciudadanía.
