Santo Domingo. Monseñor Tomás Alejo Concepción, obispo de la diócesis de San Juan, lanzó una advertencia sobre la grave amenaza que representaría el ingreso de bandas violentas haitianas a territorio dominicano. Aseguró que esta situación podría desencadenar una convulsión y desestabilización general en el país.
El obispo expresó su preocupación particular por el impacto en el sector turístico, económico y social. Afirmó que si esto ocurriera, “nadie va a venir a invertir aquí”, previendo una paralización en estas áreas vitales para la nación. Señaló que si se permite su entrada, estas bandas “también destruyen el nuestro” país.
Alejo Concepción distinguió claramente entre la población haitiana en general y las “cabezas” que dirigen Haití. Destacó que los ciudadanos haitianos son “buenos, honrados y tienen buena reputación”, además de ser “inteligentes”. Sin embargo, criticó el liderazgo haitiano de los últimos 60 años, atribuyendo las dificultades a una cultura tribal que, según él, funciona mejor con un líder fuerte que con la democracia.
Aunque no avala las dictaduras, el obispo sugirió que bajo el régimen de Duvalier, los haitianos vivían en mejores condiciones. Hizo una analogía con Irak bajo Saddam Hussein, indicando que, a su parecer, el país funcionaba mejor bajo esa dictadura antes de la intervención que introdujo la “democracia, entre comillas”.
Tocando el tema laboral, el obispo refutó la idea de que el país carece de trabajadores en áreas como la agricultura y la construcción. Calificó esta afirmación como una “falacia” que denigra a los dominicanos, enfatizando que “aquí hay gente que trabaja” y que “esta patria la levantamos nosotros”, sin depender de la mano de obra haitiana. Acusó a quienes sostienen esa postura de tener “intereses propios de hacerse ricos a costa de las injusticias con los haitianos”.
Sobre la propuesta de regularización de indocumentados, monseñor Concepción reiteró que es deber de las autoridades regular la entrada y salida de personas. No obstante, se mostró en desacuerdo con la idea de “dejar pasar un millón y dos millones de inmigrantes regularizados”, cuestionando la capacidad del país para absorber tal volumen en términos de salud, escuelas, vivienda y agua. Subrayó que una migración masiva de una población pobre genera una situación difícil para la nación receptora.
