Santo Domingo. El director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Francisco Osoria de la Cruz, declaró que no es competencia de su institución limitar la circulación de vehículos, incluyendo las motocicletas, pese a las preocupantes cifras de accidentes que involucran este medio de transporte.
En respuesta al editorial de Listín Diario, titulado “La epidemia mortal de las dos ruedas”, Osoria de la Cruz afirmó: “Lo único que podemos hacer como autoridad es cumplir y garantizar el cumplimiento de la ley de tránsito. Restringir el uso de motocicletas sería violar el derecho de los ciudadanos”.
El editorial del periódico subrayó que nueve de cada diez muertes en accidentes de tránsito durante el reciente operativo de Año Nuevo involucraron motocicletas, lo que refleja un patrón recurrente. Además, señaló que los motociclistas representan el 52% del parque vehicular y son responsables de una gran proporción de emergencias médicas, con hospitales que destinan más del 60% de sus recursos para atender a víctimas de accidentes en motocicletas.
El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, catalogó a las motocicletas como el principal reto de las autoridades: “Desafortunadamente, siguen siendo el gran dolor de cabeza del país. Algún día ellos entenderán, porque la verdad esto es penoso”.
El informe del operativo “Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2024-2025” reportó 262 accidentes de tránsito, de los cuales 206 involucraron motocicletas. En total, se registraron 42 muertes durante las festividades.
Por su parte, el doctor César Roque Beato, director del Hospital Darío Contreras, describió la atención médica a motociclistas con traumatismos como un “barril sin fondos”, con un consumo diario de entre dos y cuatro millones de pesos en implantes y un costo promedio de 300 mil pesos por paciente.
A pesar de las reiteradas recomendaciones de expertos y autoridades, como establecer controles de circulación, exigir cascos protectores y retirar de las vías a quienes incumplen la ley, estas propuestas han sido desoídas. El editorial de Listín Diario concluyó con un mensaje contundente: “El Estado parece huérfano o incapaz de darle solución”.
Esta situación plantea un desafío urgente para las instituciones, quienes enfrentan el reto de equilibrar el derecho a la movilidad con la necesidad de salvaguardar vidas y aliviar la carga sobre el sistema de salud nacional.
