Santo Domingo. – En su compromiso con la protección de los derechos de los trabajadores, la transparencia y la eficiencia, el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitieron una circular conjunta dirigida a todas las instituciones del Estado, que establece la obligación de los proveedores de cumplir estrictamente con las normas laborales y de seguridad social durante la ejecución de los contratos públicos.
La circular, firmada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, y el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzán, resalta que el cumplimiento de las obligaciones laborales constituye un principio esencial de integridad y ética contractual, consolidando el rol del Estado como garante del trabajo decente.
El documento instruye a las instituciones contratantes a supervisar de manera activa el respeto a los derechos de los trabajadores por parte de los proveedores del Estado, prestando especial atención a la inscripción en la seguridad social, las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, así como al cumplimiento de la proporción del 80 % de trabajadores nacionales.
Asimismo, la circular recomienda que los contratos públicos incluyan disposiciones que contemplen el incumplimiento de normas laborales como causal de terminación unilateral o de otras consecuencias jurídicas, previa certificación de la Tesorería de la Seguridad Social o del Ministerio de Trabajo.
La medida, según las instituciones firmantes, fortalece las políticas de integridad en la contratación pública y consolida la protección efectiva de los derechos laborales y sociales de los trabajadores vinculados a la ejecución de proyectos estatales.
Durante el acto de firma del acuerdo de colaboración interinstitucional, el ministro Olivares indicó que “se trata de una gran alianza por la ética, que obligará a las empresas a cumplir las normas laborales y, por vía de consecuencia, hará más transparente la contratación pública”. Además, aseguró que esta iniciativa contribuirá a construir una cultura de cumplimiento y respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores dominicanos, asegurando que los recursos públicos se utilicen para promover empleos formales y proyectos sostenibles.
Por su parte, Pimentel destacó que la DGCP, como órgano rector del sistema de contrataciones, ha incluido en los modelos de pliegos de condiciones aspectos vinculados al cumplimiento de las normas laborales, seguridad y protección de los trabajadores, inclusión de personas con discapacidad y obligaciones fiscales. El acuerdo permitirá profundizar en acciones conjuntas de supervisión, capacitación y acompañamiento a los proveedores, garantizando el cumplimiento de la normativa laboral en todos los contratos públicos.
