El dirigente político atribuye la salida masiva de ciudadanos al deterioro económico y la falta de oportunidades
SANTO DOMINGO, R.D.– El delegado político ante la Junta Central Electoral y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP), Manuel Crespo, alertó sobre un incremento sin precedentes en la emigración de dominicanos durante el período 2020-2024. Según afirmó, más de un millón 500 mil ciudadanos han salido del país motivados por la difícil situación económica que, asegura, atraviesa la República Dominicana.
Crespo sostuvo que estas cifras, ofrecidas en julio de 2024 por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior —dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores—, reflejan un escenario “profundamente preocupante”. Recordó que desde la fundación de la República en 1844 hasta el año 2020, la diáspora acumulada ascendía a 1.34 millones de personas, cifra que se habría duplicado en apenas cinco años, superando los 2.87 millones de emigrantes.
El dirigente señaló que, de acuerdo con estimaciones actualizadas, para 2025 el total de dominicanos que han abandonado el país sobrepasaría los tres millones, lo que calificó como un fenómeno “insólito y alarmante”. En su valoración, este crecimiento supera el 100% respecto a administraciones anteriores, evidenciando —según dijo— un deterioro sostenido en las condiciones sociales y económicas del país.
Crespo también advirtió que, pese a la salida masiva de ciudadanos, las remesas han experimentado una disminución significativa. Indicó que su aporte al Producto Interno Bruto, que hasta 2020 rondaba el 10%, habría descendido a menos del 8% en 2025, generando un impacto directo en uno de los pilares económicos de la nación. Atribuyó esta caída a una pérdida de confianza en la gestión gubernamental, así como a la falta de estabilidad y credibilidad en la conducción económica actual.
Finalmente, el dirigente de la Fuerza del Pueblo reiteró que la combinación de mayor emigración y menores ingresos por remesas constituye una señal de alerta para el país. A su juicio, la situación demanda un replanteamiento profundo de las políticas económicas y sociales para garantizar oportunidades y evitar que más familias se vean forzadas a buscar estabilidad fuera del territorio nacional.
