Santo Domingo. – En el día de hoy, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha promulgado la Ley 18-24, la cual regulará de ahora en adelante el funcionamiento de la Cámara de Cuentas del país. Este órgano, crucial para el control fiscal de los recursos públicos, los procesos administrativos y el patrimonio estatal, verá modernizados sus procedimientos bajo esta nueva normativa.
La iniciativa de esta ley, que surgió en el Senado de la República, fue objeto de observaciones por parte del presidente Abinader a principios de mayo, en línea con sus atribuciones constitucionales. Dichas observaciones, ahora incorporadas tras la aprobación de la Cámara de Diputados, tienen como objetivo primordial fortalecer la efectividad operativa de la Cámara de Cuentas, ampliando las atribuciones de su Pleno, optimizando el trámite de sus sesiones y consolidando las normas de la carrera administrativa especial.
Uno de los puntos destacados de esta nueva legislación es la mejora significativa en el régimen de sanciones administrativas, subrayando así el firme compromiso del presidente Abinader en la lucha contra la corrupción en todas sus formas.
La Ley 18-24 responde a un proceso de reforma integral del sistema de control y fiscalización del Estado dominicano, adaptando la Cámara de Cuentas a las disposiciones constitucionales y a las demandas de los tiempos modernos. Este esfuerzo busca garantizar una gestión pública fundamentada en la ética, la eficiencia, la eficacia, la celeridad y la transparencia.
Entre otros aspectos relevantes, la nueva normativa clarifica detalladamente su ámbito de aplicación, establece el Sistema Nacional de Control y Fiscalización, aborda la composición, autonomía, naturaleza, jurisdicción y atribuciones de la Cámara de Cuentas, así como regula el funcionamiento de sus órganos internos y define el papel del ente en los procesos de auditoría dentro del Sistema Nacional de Control y Fiscalización.
Con la promulgación de esta ley, la República Dominicana da un paso decisivo hacia la modernización y fortalecimiento de sus instituciones de control fiscal, asegurando así un manejo responsable y transparente de los recursos del Estado en beneficio de todos los dominicanos.
