Se trata de una crueldad que rebasó tres gestiones diferentes de gobiernos
SANTO DOMINGO.- Tras una denuncia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las autoridades penitenciarias pusieron hoy en libertad al albañil Luis Peña Valdez, quien llevaba 10 años preso en el penal de La Victoria sin haber sido procesado por la comisión de delito alguno.
En una increíble violación a todos los derechos ciudadanos de Peña Valdez, ese hombre nunca fue presentado ante un juez desde el momento en que fue detenido en la provincia de Monte Plata, de donde es oriundo.Según Peña Valdez, su apresamiento se produjo cuando acudió a la casa de un ingeniero a cobrarle por un trabajo realizado, por lo que su contratante llamó a una patrulla policial que lo arrestó y lo condujo al destacamento de La Quinta Compañía de la referida provincia, y al día siguiente lo trasladaron al penal de La Victoria sin que la fiscalía le formulara expediente ni su prisión fuera ordenada por un juez.
Es por la denuncia del presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes, que se pudo conocer de la barbarie que se había cometido contra Peña Valdez.
Fue en una jornada médica contra el Covid-19 que el comisionado se enteró.Una investigación encabezada por los procuradores de la Corte de Apelación, Jonathan Baró Gutiérrez y Francisco A. Berroa Hiciano, coordinadora del Gabinete de Asuntos Penitenciarios y titular de la Procuraduría Regional de Santo Domingo.
La Dirección General de Prisiones certificó al Gabinete Penitenciario que en sus archivos no había encontrado un expediente físico contra el interno. Lo mismo planteó la Fiscalía de Monte Plata, por lo que el ciudadano fue liberado.
El Gabinete Penitenciario dijo en una nota de prensa que amplía la investigación de este caso y esperan otras informaciones de la Dirección de la Policía Nacional. Sin embargo, en su interés por respetar la integridad del interno, adelantó su entrega a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante un acto administrativo y de conformidad con lo estipulado en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
