Santo Domingo. — Con el objetivo de garantizar la transparencia en sus procesos de compras y contrataciones, el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) ha aprobado la resolución 093-2024. Esta medida busca fortalecer la eficiencia, integridad y promover las mejores prácticas dentro de la institución.
Entre las novedades que introduce esta resolución, destaca la implementación de la firma digital en todos los documentos presentados, así como la obligación de realizar la selección de proveedores bajo criterios claros y objetivos.
El Indotel se compromete a seguir los principios establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Esto incluye el deber de informar de manera amplia y veraz sobre cada etapa de estos procesos, permitiendo que la ciudadanía ejerza un control efectivo sobre la gestión pública.
El organismo regulador de las telecomunicaciones también anunció que utilizará las herramientas tecnológicas disponibles para garantizar la actualización y facilitación de la información en tiempo real, asegurando su integridad y accesibilidad.
“Durante todas las fases de contratación pública, se garantizará la coherencia entre las acciones de los empleados públicos y los valores, principios y normas que rigen las contrataciones, con el objetivo de prevenir conflictos de interés“, subrayó el comunicado del Indotel.
La resolución también establece que tanto los funcionarios como los proveedores interesados en participar en las licitaciones deben seguir estrictamente las disposiciones, en particular aquellas que sean compatibles con el acuerdo entre República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del Programa de Mejora de la Conectividad para la Transformación Digital.
Además, el Indotel resaltó la importancia del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECP), una herramienta que permite la trazabilidad integral de los procesos, asegurando un alto nivel de transparencia en las propuestas presentadas.
Finalmente, se enfatizó el deber de los funcionarios responsables de rendir cuentas por sus acciones y decisiones en el marco de estos procesos, alineando todas las medidas con los intereses institucionales para proteger la integridad y la ética pública.
