Santo Domingo. Los accidentes de tránsito continúan dejando un saldo trágico en el país, cobrando vidas y sumiendo a familias enteras en el luto. Sin embargo, las decisiones judiciales en estos casos han generado un intenso debate sobre la aplicación de la Ley 63-17 y las sanciones para los responsables de estos hechos.
El caso más reciente que ha conmocionado a la opinión pública es el de Aida Nicole Reyes Gómez, una joven de 21 años que perdió la vida el pasado 26 de febrero tras ser atropellada en la avenida Winston Churchill. Su padre esperaba una pena más severa para Raquel Guzmán Torres, conductora del vehículo involucrado, pero el tribunal dictaminó una garantía económica de dos millones de pesos e impedimento de salida como medidas coercitivas.
La situación de Aida Nicole no es un hecho aislado. En octubre del año pasado, Altagracia Trinidad, junto a su hija y su hermana, fue embestida por un vehículo a la salida de un supermercado. Como resultado, Altagracia falleció y sus acompañantes sufrieron heridas graves. El conductor era un menor de edad, hijo de la jueza Mary Berenita Ramírez Jiménez, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre la imparcialidad de la justicia. A pesar de la gravedad del hecho, la medida cautelar impuesta consistió en impedimento de salida, presentación periódica y prohibición del uso de redes sociales. La familia de la víctima sigue exigiendo que el caso sea tratado como homicidio involuntario, y no solo como un accidente de tránsito.
Otro caso que generó controversia fue el de Julio César de la Rosa Peralta ‘Junior’, quien falleció en la autopista 30 de Mayo tras ser embestido por un vehículo Hyundai Santa Fe Sport, 2018, conducido por Shakie Valentina Mujica Zapata, de nacionalidad venezolana. La acusación en su contra indicaba que abandonó a la víctima tras el atropello. Sin embargo, la justicia solo le impuso una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida, presentación periódica y retención del pasaporte.
Estos hechos han despertado un creciente reclamo social sobre la aplicación de las leyes y la equidad en las decisiones judiciales. Familiares de las víctimas y sectores de la sociedad han instado a una revisión urgente de la Ley 63-17 para garantizar que las sanciones sean proporcionales a la gravedad de los hechos y evitar que estos casos queden impunes.
