SANTO DOMINGO. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó este miércoles la cancelación de nueve colaboradores por su participación en procesos de licitación para la adquisición de utilería escolar 2024, luego de que un informe preliminar de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) identificara posibles irregularidades en tres concursos públicos.
Entre los desvinculados figuran peritos responsables de las evaluaciones técnicas, quienes habrían intervenido directamente en los procesos de adjudicación bajo investigación. Además, el INABIE inició la rescisión de unos 20 contratos firmados con oferentes implicados.
La institución subrayó que estas son medidas proactivas con el fin de preservar la legalidad y transparencia en el manejo de fondos públicos. También confirmó la suspensión inmediata de certificaciones de contratos, y la paralización total de cualquier pago relacionado con los procesos observados. “No se ha efectuado ningún desembolso a las empresas señaladas”, aseguró la entidad.
La investigación gira en torno a los códigos INABIE-CCC-LPN-2024-0008, 0010 y 0012, y se desarrolla con el acompañamiento de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República (PGR), si así se requiere.
El INABIE indicó que fue su Dirección Ejecutiva la que solicitó formalmente el acompañamiento de la DGCP y de ProCompetencia, tras detectar indicios preliminares de anomalías, como parte de su política institucional orientada a la prevención de riesgos legales y la promoción de una cultura de cumplimiento y ética pública.
Desde 2022, el INABIE ha fortalecido sus mecanismos internos de control, incluyendo la suspensión de más de 50 proveedores, la solicitud de inhabilitación de empresas por falsificación de documentos y la creación de una Unidad de Riesgo y Cumplimiento, lo que ha permitido detectar y actuar ante irregularidades de forma oportuna.
La institución reiteró su compromiso con la transparencia, asegurando que hasta el momento no se han vulnerado los derechos de los oferentes ni recibido impugnaciones formales sobre los procesos investigados.
