Gobierno de Argentina retira pensiones a Cristina Fernández tras condena judicial

Gobierno de Argentina retira pensiones a Cristina Fernández tras condena judicial

Buenos Aires. – El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, oficializó este viernes la revocación de las pensiones que percibía la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner por su rol como expresidenta (2007-2015) y por ser viuda del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). La medida se hizo efectiva mediante una resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), publicada en el Boletín Oficial.

La Anses justificó la decisión señalando que las pensiones vitalicias para expresidentes resultan “jurídicamente incompatibles” para quienes hayan cometido delitos en el ejercicio de las funciones públicas por las cuales accedieron a dichos beneficios. La resolución se fundamenta en la reciente confirmación judicial de la condena contra Fernández a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada por un tribunal de alzada en un caso de corrupción relacionado con concesiones de obras viales.

En una enérgica reacción, Fernández calificó a Milei de “dictadorzuelo” y tachó de “ilegal” la decisión de retirarle las pensiones. Alegó que los beneficios no dependen del “buen desempeño” en el cargo, sino del mérito de haber sido elegida presidenta mediante el voto popular.

“La evaluación del mal desempeño de un presidente es competencia exclusiva del Congreso de la Nación, mediante el proceso de juicio político, no de un organismo administrativo”, afirmó Fernández, quien además advirtió que apelará la decisión.

Aunque Fernández enfrenta una condena firme, tiene la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Justicia. De hacerlo, la sentencia quedará en suspenso hasta que el tribunal se expida, proceso que no tiene un plazo establecido.

La revocación de las pensiones de Fernández marca un hito en la política argentina, avivando la polarización entre el oficialismo y la oposición. La medida refleja un endurecimiento en la postura del gobierno de Milei hacia figuras clave del kirchnerismo, generando intensos debates sobre la legalidad y las implicaciones políticas de la decisión.

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