Santo Domingo. El Gobierno dominicano ofreció un informe detallado sobre las acciones coordinadas para asistir a las familias afectadas por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, incluyendo apoyo psicológico, económico, educativo y de salud.
El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, inició su intervención reconociendo la dureza del tema: “Todavía duele hablar sobre esto… pero nos queda resolver y trabajar intensamente en lo que estamos haciendo”. Aseguró que las instituciones seguirán acompañando a los afectados “en todo lo que sea necesario”.
Según datos ofrecidos por la directora de Supérate, Gloria Reyes, se han intervenido 232 hogares, de los cuales 205 han requerido apoyo económico y 124 continúan recibiendo asistencia psicológica. Paralelamente, el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) ha evaluado 149 hogares y ha identificado 205 solicitudes de apoyo económico, canalizadas a través del Bono de Emergencia, que consiste en una transferencia mensual de 30 mil pesos por hogar durante seis meses.
Se detalló que el proceso de activación del bono se realiza mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), la cual evalúa el nivel de afectación de los hogares. Las primeras transferencias serán entregadas la próxima semana.
En cuanto a la situación de niños, niñas y adolescentes huérfanos, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) identificó 174 casos en condición de orfandad o pérdida parental. Se están aplicando planes individuales de intervención que incluyen aspectos educativos, psicológicos, legales y de salud, además de atención especializada para menores con discapacidad.
El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) también anunció que, mediante la resolución 613-03, se extiende por seis meses la cobertura del Seguro Familiar de Salud (SFS) para familiares directos de las víctimas, incluyendo cónyuges, hijos menores, estudiantes hasta los 21 años y dependientes adicionales.
Edward Guzmán, gerente general del CNSS, explicó que esta cobertura será extendida automáticamente a la cobertura general una vez finalizado el período especial, con garantía de inclusión incluso para quienes no puedan sostenerse dentro del régimen contributivo.
El informe presentado evidencia una respuesta interinstitucional centrada en la protección de los derechos y bienestar de las víctimas y sus familias, con acciones concretas en asistencia social, salud y educación, y con planes que buscan garantizar su estabilidad y recuperación integral.
