Quito, Ecuador. – La Fiscalía de Ecuador formuló cargos este miércoles contra cuatro presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 tras un mitin político en Quito. La audiencia se desarrolló en una unidad judicial de la capital, con una fuerte presencia policial para garantizar la seguridad durante las comparecencias.
La fiscal Ana Hidalgo, a cargo del caso, solicitó a la jueza de garantías penales, Daniela Ayala, que dictara prisión preventiva para los investigados, argumentando que podrían entorpecer el proceso y obstaculizar la justicia. Hidalgo destacó que esta medida es necesaria para asegurar un proceso judicial efectivo, especialmente considerando que tres de los acusados se encuentran fuera del país.
La jueza Ayala acogió parcialmente la solicitud de la Fiscalía, ordenando prisión preventiva para dos de los implicados y presentación periódica para los otros dos. Esta decisión marca un paso clave en el avance del proceso judicial, aunque la Fiscalía ha informado que apelará la resolución para garantizar la máxima responsabilidad de los involucrados.
Entre los procesados, el exasambleísta Ronny Aleaga y Daniel Salcedo, condenado por delitos de corrupción y actualmente en prisión, recibirán prisión preventiva. Por su parte, el exministro del Interior José Serrano y el empresario Xavier Jordán, que se encuentran en Estados Unidos, deberán presentarse cada lunes ante el consulado ecuatoriano en Miami.
Salcedo se sometió a un proceso de colaboración eficaz con la Fiscalía y ha aportado testimonios que implican a otros investigados en el caso. Sin embargo, esta colaboración ha sido cuestionada por los abogados de los otros señalados, quienes argumentan que los testimonios de un condenado no deberían ser tomados en cuenta para la investigación.
El caso de Villavicencio continúa generando expectativa nacional e internacional, dado que se trata de un crimen político de alto perfil. La Fiscalía mantiene la línea de acción enfocada en garantizar la transparencia, la justicia efectiva y la comparecencia de todos los acusados ante la autoridad judicial.
