Santo Domingo. La declaratoria de inconstitucionalidad de la ley que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha puesto en evidencia la necesidad de un mayor rigor por parte del Congreso Nacional al aprobar proyectos legislativos, según destacaron este lunes varios diputados.
El Tribunal Constitucional anuló la Ley 1-24 por haberse tratado como una ley ordinaria cuando debió ser presentada como ley orgánica, debido a que impactaba directamente en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entre los puntos más cuestionados figuraban artículos que permitían la entrega de datos privados sin la autorización de un juez.
El diputado Alcibíades Tavárez, de Fuerza del Pueblo, calificó esta situación como un llamado de atención para que las cámaras legislativas revisen más a fondo los proyectos antes de su aprobación, evitando futuras contradicciones con la Constitución. “Este tipo de fallos afecta la credibilidad del Congreso, y es nuestra responsabilidad garantizar la protección de los derechos ciudadanos”, afirmó.
Por su parte, el diputado Ignacio Aracena, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), reconoció que el error cometido en el procedimiento refleja la importancia del sistema democrático como un mecanismo de equilibrio y corrección. “Nuestro sistema permite enmendar errores a través de las instituciones competentes. Sin embargo, es imperativo actuar con mayor cuidado en los futuros proyectos de ley”, señaló.
El vocero de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, enfatizó que leyes como la de la DNI no solo fallan en el procedimiento, sino que también representan un riesgo para los derechos fundamentales al otorgar poderes desproporcionados a organismos del Estado. En tanto, el diputado Ramón Raposo, del PRD, añadió que este caso expone fallas profundas en el contenido de la normativa, pues atentaba contra principios constitucionales, como la libertad de prensa y la privacidad ciudadana.
La sentencia del Tribunal Constitucional recordó que las leyes orgánicas requieren el voto de dos terceras partes de los legisladores, al abordar asuntos que impactan los derechos ciudadanos. Por el contrario, las leyes ordinarias se aprueban con mayoría simple y no afectan directamente derechos fundamentales.
La Sociedad Dominicana de Diarios denunció que la normativa aprobada en enero otorgaba facultades a la DNI para solicitar información sin autorización judicial, representando una amenaza a la libertad de prensa.
Este fallo subraya la importancia de un Congreso responsable y cuidadoso, que priorice la protección de los derechos constitucionales y evite errores que comprometan la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
