SANTO DOMINGO (República Dominicana).– Las autoridades de España concedieron la extradición de Joel Ambiorix Pimentel García, alias “La Jota”, solicitado por la República Dominicana para ser procesado por su presunta participación en dos asesinatos y otros hechos vinculados al crimen organizado.
La decisión fue tomada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en respuesta a una solicitud presentada por la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, encabezada por el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, en coordinación con la Fiscalía del Distrito Judicial de La Vega. La petición se sustentó en el Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal entre ambos países.
Aunque Pimentel García se dio a la fuga tras la variación de su medida de coerción mientras se conocía su proceso de extradición, el Consejo de Ministros de España optó por continuar con la vía judicial, al determinar que existían méritos suficientes y se cumplían los requisitos legales para autorizar su entrega.
El Ministerio Público lo vincula con las muertes de Alejandro Vidal y Gregorio Matos Carrasco, ocurridas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en La Vega, mientras ambos cumplían condena.
El expediente indica que Vidal fue envenenado el 15 de enero de 2024 mediante una sustancia líquida suministrada en un jugo por el interno José Francisco Hiciano Moya, en complicidad con el entonces supervisor penitenciario Delvis Johnson Minaya Rodríguez (o Delvis Jhonson Minalla Rodríguez), ambos bajo proceso judicial.
En el caso de Matos Carrasco, la investigación determinó que falleció por asfixia por estrangulamiento el 8 de febrero de 2024 en el mismo recinto carcelario.
Durante el proceso, el Ministerio Público ha recabado pruebas testimoniales, periciales y documentales que vinculan a Pimentel García con los homicidios. Sobre él pesa una orden de arresto vigente, emitida el 29 de febrero de 2024 por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega.
El Ministerio Público valoró la cooperación de las autoridades españolas en este proceso, clave en el combate contra estructuras criminales transnacionales.
