SANTO DOMINGO.– La oficina de abogados que representa al artista dominicano Anthony Santos ofreció aclaraciones públicas sobre el proceso judicial de reconocimiento de paternidad iniciado por Carmen Josefina Taveras, luego de declaraciones difundidas recientemente en medios tradicionales y plataformas digitales. El equipo legal precisó que la demanda fue interpuesta el 26 de febrero de 2025 y que, desde el inicio, el artista manifestó plena disposición a someterse a la prueba de ADN, incluso asumiendo los costos y proponiendo alternativas para agilizar el proceso conforme a los principios de economía procesal.
Según la defensa, los retrasos ocurridos durante el conocimiento del caso no fueron atribuibles al cantante, sino a cambios de representación legal por parte de la demandante y a situaciones procesales debidamente documentadas y valoradas por el tribunal. En ese contexto, se explicó que la prueba de ADN finalmente fue realizada el 2 de julio de 2025, con la presencia anticipada de Anthony Santos en el laboratorio, y que los resultados fueron abiertos en audiencia pública, donde el artista expresó su aquiescencia a las conclusiones emitidas.
Los abogados indicaron que el retardo posterior en la emisión definitiva de la sentencia se debió a un error administrativo del laboratorio, que omitió consignar el número de cédula del artista en el informe pericial. Esta situación fue subsanada con la colaboración de todas las partes, a fin de permitir la correcta inscripción del fallo en el Registro del Estado Civil. Asimismo, aclararon que la sentencia no ordena pago de pensión alimenticia, ya que este aspecto debe ventilarse en un proceso separado, conforme a lo que establece la legislación dominicana.
Finalmente, la representación legal rechazó categóricamente afirmaciones sobre supuestas intimaciones con apremio corporal, señalando que dicha figura no existe en el derecho de familia dominicano. Indicaron que, una vez cumplidos los trámites legales pendientes, se procurará encauzar cualquier discusión futura sobre manutención bajo el principio del Interés Superior del Niño, reiterando el compromiso del artista con el respeto al debido proceso y a la institucionalidad jurídica.
