Santo Domingo. El diputado por La Romana, Carlos De Pérez, miembro del partido Fuerza del Pueblo (FP), llamó a la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados a actuar con prudencia ante el proyecto de reforma al Código Procesal Penal (CPP) remitido por el Senado. En una comunicación formal enviada al presidente de dicha comisión, el diputado Wandy Modesto Batista Gómez, advirtió que aprobar el documento en su forma actual podría generar “consecuencias graves para el Estado de Derecho” en la República Dominicana.
En la misiva, el legislador subraya que el Congreso enfrenta una situación delicada debido a la fecha límite establecida por la Sentencia TC/0766/24 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la Ley 10-15. En ese sentido, propone que antes de evaluar el texto senatorial se dé prioridad a una ley que reincorpore las disposiciones de la Ley 10-15, ajustadas a los criterios constitucionales exigidos.
De Pérez expone siete puntos críticos que, a su juicio, requieren análisis profundo al momento de estudiar la propuesta del Senado. Entre los aspectos más sensibles menciona la “Interrupción Indebida de la Prescripción” (Art. 48) y la “Extensión Abusiva de la Prisión Preventiva” (Art. 246 y 377), medidas que, según él, podrían afectar garantías esenciales del sistema de justicia. También alertó que el mecanismo planteado para la recusación de jueces comprometería la imparcialidad judicial, al permitir que un magistrado recusado continúe conociendo un caso.
En su comunicación, el legislador afirma que el proyecto requiere una revisión responsable y técnica, por lo que insta a la comisión a estudiar el documento sin precipitación y con criterios jurídicos claros. Señala que una reforma de esta naturaleza demanda una mirada amplia y rigurosa que tome en cuenta la realidad del sistema judicial y las consecuencias prácticas de cada modificación.
El diputado plantea dos rutas de acción para avanzar con equilibrio: la aprobación de una ley correctiva que subsane las disposiciones derogadas por la inconstitucionalidad de la Ley 10-15, y una evaluación detallada del proyecto senatorial para introducir las enmiendas necesarias. Para él, cualquier avance legislativo debe realizarse con pleno respeto al debido proceso, la seguridad jurídica y la confianza institucional.
Con el fin de fomentar una discusión plural, Carlos De Pérez solicitó que la comisión convoque a expertos del derecho y representantes de la academia. Entre los juristas recomendados para aportar al análisis están María del Pilar Zuleta, Carlos Balcácer, Eduardo Núñez, Manuel Sierra, Valentín Medrano y Edwin Isaías Grandel Capellán. Su participación permitiría enriquecer el proyecto y garantizar que la reforma del CPP responda a criterios técnicos y a los intereses del sistema de justicia dominicano.
