Santo Domingo. El proyecto que modifica la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos ha generado fuertes críticas por parte de sectores legislativos y sociales, al punto de superar en rechazo a la controversial propuesta de modernización fiscal.
El diputado Rafael Tobías Crespo denunció que esta iniciativa, aprobada el pasado 23 de julio en el Senado, podría establecer un monopolio entre las empresas participantes en las licitaciones públicas. Según indicó, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) advirtió sobre esta situación, y agregó que la pieza legislativa contiene aspectos inconstitucionales.
Crespo destacó que “la oposición fue total”, incluso mayor que la generada por la propuesta fiscal del Gobierno. Como ejemplo, explicó que el fideicomiso Do Sostenible ha acumulado RD$8,700 millones, de los cuales solo se ha ejecutado el 38.9%, beneficiando principalmente a 7 empresas, que han recibido el 92% de los fondos utilizados.
El legislador de la Fuerza del Pueblo (FP) también alertó sobre un aumento excesivo en el gravamen para las empresas gestoras de residuos, con alzas de entre 300% y 1,000%. “Empresas que pagaban RD$500 ahora tendrían que pagar hasta RD$3,000. Este incremento no se basa en las ganancias, sino en los ingresos brutos”, afirmó.
El debate sobre esta legislación continúa encendiendo las alarmas en el Congreso y en la sociedad civil, ante posibles consecuencias económicas y legales para el sector ambiental y empresarial.
