Santo Domingo. – A pesar de los esfuerzos por aprobar un nuevo Código Penal, las divergencias entre los legisladores, especialmente en temas como las tres causales para la despenalización del aborto y las sanciones por discriminación por orientación sexual, han obstaculizado su avance en el Congreso Nacional.
Ante este escenario, el Poder Ejecutivo ha presentado proyectos de leyes alternativas que buscan abordar los mismos delitos contemplados en el fallido Código Penal, entre ellos la corrupción, el sicariato, las estafas masivas, las compras fraudulentas y otros delitos graves que afectan al país.
Uno de los ejemplos más recientes es el Proyecto de Ley sobre Persecución y Judicialización de las Organizaciones Criminales, presentado esta semana en el Senado. Aunque similar en muchos aspectos al Código Penal, este proyecto presenta diferencias importantes en las penas asignadas a diversos delitos:
- Corrupción: La nueva propuesta del Gobierno contempla una pena de 30 años, frente a los 20 años estipulados en el Código Penal.
- Sicariato: Este delito tendría una condena máxima de 50 años en la propuesta del Ejecutivo, mientras que en el Código Penal se limita a 30 años.
- Compras fraudulentas: Ambas iniciativas coinciden en sancionar este delito con 10 años de prisión.
- Tráfico de influencia: El proyecto gubernamental establece una pena de 5 años, mientras que el Código Penal plantea 10 años.
El estancamiento en la aprobación del Código Penal ha obligado al Gobierno a buscar alternativas que permitan combatir eficazmente delitos complejos y de alto impacto social. Sin embargo, las diferencias entre las propuestas reflejan la necesidad de un debate más profundo y consensuado en el Congreso.
El Poder Ejecutivo reitera su compromiso de promover iniciativas que fortalezcan el sistema de justicia penal y garanticen la seguridad jurídica del país, mientras se busca un consenso definitivo para la aprobación del nuevo Código Penal, una pieza legislativa que lleva años en discusión.
Este escenario evidencia la urgencia de superar los desacuerdos políticos y priorizar los intereses nacionales, para dotar a la República Dominicana de un marco legal moderno y acorde con los desafíos actuales.
