Perú. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú se encuentra en el centro de la polémica luego de que el martes se informara sobre la recepción de una denuncia constitucional por cohecho contra la presidenta Dina Boluarte, presentada por el fiscal general interino, Juan Carlos Villena, como parte del caso ‘Rolex Gate’.
La presidenta de la subcomisión, Lady Camones, solicitó los detalles de la denuncia constitucional 492 presentada contra Boluarte por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio. Este tipo de denuncias son procedimientos especiales aplicados a altos funcionarios del Estado, como es el caso de la presidenta, quien cuenta con inmunidad.
Tras recibir los detalles de la denuncia, Camones informó a los medios locales que su equipo técnico tendrá diez días para elaborar un informe que determinará si la denuncia califica para ser analizada por la subcomisión. En caso afirmativo, se iniciaría un proceso que pasaría por varias instancias legislativas y que podría extenderse durante varios meses antes de llegar al debate y votación en el pleno.
La denuncia, presentada el pasado 27 de mayo, no fue considerada en la agenda del día siguiente de la subcomisión debido a que ya estaba cerrada, según anunció Camones, quien destacó que este procedimiento es parte del cumplimiento de las funciones del fiscal y que corresponde al Congreso decidir si procede, dado que la gobernante cuenta con inmunidad.
La denuncia presentada por Villena acusa a Boluarte de ser la presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en relación con el caso ‘Rolexgate’, que involucra varios relojes de lujo que la mandataria lució sin haberlos declarado.
Sin embargo, varios legisladores y juristas señalan que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la presidenta no puede ser acusada ni procesada por un delito común hasta el término de su gestión, el 28 de julio de 2026. El artículo 117 de la Constitución peruana establece los supuestos en los que un presidente en funciones puede ser acusado, limitándolos a casos específicos como traición a la patria o impedir el funcionamiento regular de las instituciones.
Tras conocerse la denuncia, el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, defendió a Boluarte y calificó la acción del Ministerio Público como “una persecución inconstitucional e ilegal”. Adrianzén expresó su confianza en que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declarará improcedente la denuncia, argumentando que no se ajusta a los supuestos establecidos en la Constitución.
La denuncia constitucional contra Boluarte ha generado un intenso debate político y jurídico en Perú, destacando la importancia de la interpretación y aplicación de la ley en los más altos niveles del gobierno.
