WASHINGTON, EE.UU. – El ataque ordenado por el presidente Donald Trump contra tres instalaciones nucleares en Irán ha desatado una ola de críticas en el Congreso de los Estados Unidos, donde legisladores de ambos partidos lo acusan de haber actuado sin autorización legal, lo que podría acarrearle consecuencias constitucionales graves.
Los congresistas señalaron que la decisión de bombardear objetivos estratégicos iraníes –sin contar con la aprobación previa del Congreso– representa una violación directa de los poderes de guerra establecidos en la Constitución. “Esto no es constitucional”, escribió el republicano Thomas Massie, mientras que la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez calificó la acción como “una grave violación” que demuestra un abuso del poder ejecutivo.
Otros legisladores, como el demócrata Sean Casten, fueron más allá al asegurar que este acto constituye “un delito inequívoco que justifica un juicio político”. A su juicio, el bombardeo de un país soberano que no representa una amenaza inminente para Estados Unidos carece de base legal y podría ser interpretado como un acto de guerra unilateral.
El también demócrata Jim Himes criticó que los legisladores fueran ignorados en una decisión de esta magnitud. “Debemos tener voz antes de que caigan las bombas”, afirmó, cuestionando la forma en que se ejecutó la operación.
Aunque algunos republicanos, como el senador por Texas John Cornyn, defendieron la medida calificándola de “decisión correcta”, el consenso entre gran parte del Congreso es que Trump excedió los límites de su autoridad presidencial. Este episodio agudiza el debate sobre el rol del Ejecutivo en decisiones militares y reabre la discusión sobre posibles sanciones políticas y legales para el mandatario.
El ataque, que incluyó el uso de bombas antibúnker y misiles Tomahawk sobre instalaciones como Fordo, Natanz e Isfahán, ha elevado la tensión internacional y ha colocado a Trump en el centro de un nuevo torbellino legal y político, con llamados a revisar su accionar bajo los estándares de la responsabilidad constitucional.
