Santo Domingo, RD – El caso Pandora continúa sacudiendo la esfera judicial y militar del país, tras la decisión del tribunal de imponer 18 meses de prisión preventiva a siete implicados, todos miembros de la Policía Nacional, acusados de sustraer proyectiles de la Intendencia de Armas.
Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), calificó la decisión como un logro significativo en la lucha contra la corrupción. “Traicionaron su uniforme, la institución y el país”, expresó con contundencia al referirse a los acusados, entre ellos altos mandos como el coronel Narciso Antonio Féliz Romero y el capitán Nelson Valdez.
La jueza Fátima Veloz acogió el pedimento del Ministerio Público, declarando el caso como “complejo” y otorgando ocho meses para que los fiscales amplíen las investigaciones y presenten pruebas adicionales.
Entre los sancionados con prisión preventiva se encuentran el coronel Féliz Romero, el subintendente Juan Miguel Pérez Soler, el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, y los rasos Rubiel Martínez y Moreibín Medina. Estos cumplirán la medida en el Centro Militar de Operaciones Especiales, en un intento por garantizar la transparencia del proceso y evitar interferencias.
Por otro lado, Víctor Manuel Santos, auditor implicado en el caso, y el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat deberán pagar garantías económicas de tres y dos millones de pesos, respectivamente, además de presentarse periódicamente ante las autoridades y enfrentar impedimentos de salida del país.
En cuanto a Miguelina Bello Segura, única civil imputada, la jueza dictó arresto domiciliario tras aceptar un acuerdo con el Ministerio Público. Aunque su abogado calificó este trato como parte de “conversaciones” legales, su participación en el proceso sigue bajo escrutinio.
El caso Pandora ha puesto en evidencia fallas graves dentro de la custodia y manejo de municiones en la Policía Nacional, levantando cuestionamientos sobre los controles internos de las instituciones de seguridad. La acusación implica la sustracción y distribución ilícita de proyectiles, un delito que el Ministerio Público considera de alta gravedad por sus potenciales consecuencias en la seguridad nacional.
Wilson Camacho enfatizó que este caso es un claro ejemplo de cómo se persigue la corrupción sin importar jerarquías. “La justicia está enviando un mensaje claro: nadie está por encima de la ley”, declaró al salir de la sala de audiencias.
Con el proceso declarado complejo y los fiscales trabajando contra el reloj para fortalecer el expediente, el caso Pandora promete seguir siendo un tema candente en los próximos meses.
