SANTO DOMINGO.– El procurador adjunto y titular de la Dirección Nacional de Persecución, Wilson Camacho, sostuvo que el tribunal debe ceñirse estrictamente a la ley al conocer el proceso vinculado a la Operación Cobra, subrayando que en materia penal no caben valoraciones sustentadas en la emotividad ni en argumentos de compasión.
Al referirse a la audiencia de medida de coerción por el alegado desfalco superior a los 15 mil millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Camacho desmintió que los imputados acudieran voluntariamente ante las autoridades, precisando que su comparecencia fue consecuencia directa de las acciones investigativas del Ministerio Público y de las detenciones practicadas.
El funcionario también cuestionó los anuncios de supuesta colaboración hechos por algunos acusados, al considerar que promesas futuras carecen de efecto legal y pueden interpretarse como intentos de influir en el curso del proceso. Afirmó que la cooperación válida es la que se produce de manera oportuna, concreta y respaldada por evidencias verificables.
En ese sentido, Camacho recalcó que solo una colaboración real, útil y demostrable puede tener incidencia dentro del marco jurídico, reiterando que el Ministerio Público cumple sus compromisos cuando los aportes son auténticos, pero que la ley establece consecuencias claras para quienes no actúan con transparencia ni buena fe.
