En un nuevo giro del emblemático caso Los Tres Brazos, la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló la sentencia que declaraba extinguida la acción penal, reabriendo el proceso judicial contra los implicados en la cuestionada venta de este sector de Santo Domingo Este.
La decisión, tomada por el tribunal presidido por el juez Daniel Nolasco, junto a los magistrados July Tamariz y Mariana Daneira García, responde a un recurso de apelación interpuesto por los afectados y los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El tribunal devolvió el expediente al Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional con la orden de continuar el juicio de fondo, que deberá comenzar nuevamente desde cero. Además, dispuso que la secretaria del tribunal notifique esta resolución a los acusados, entre ellos, Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde); Manuel Joaquín Aybar Fernando, Irving Cruz, Carlos Aris Gómez Williams, Julio César Gómez Williams, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, Lisetel González Sánchez, y Juana Ynes Gómez Williams. Las entidades Proyecciones Inmobiliarias Gowi, Fernández Parache y Asociados (INFEPA), Soluciones Eléctricas Sidenet y Tekknowlogie Dominicana, también señaladas como partes en el caso.
La Corte decidió anular la sentencia emitida el pasado 22 de abril debido a que los sujetos procesales habían presentado recursos de casación, los cuales estaban pendientes de fallo por la Suprema Corte de Justicia.
El proceso judicial en torno a la venta del sector Los Tres Brazos ha sido uno de los casos más emblemáticos de presunta corrupción en la República Dominicana. La Pepca acusa a los imputados de irregularidades en la transferencia y venta de terrenos del sector, lo que provocó un fuerte rechazo social y numerosos reclamos de justicia.
Con la anulación de la extinción de la acción penal, las víctimas y los fiscales ven esta decisión como una oportunidad para esclarecer el caso y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales.
La Suprema Corte de Justicia, por su parte, sigue pendiente de fallar el recurso de casación interpuesto contra el auto de no ha lugar que benefició a varios de los implicados en este sonado caso. Entretanto, el reinicio del juicio promete mantener la atención pública sobre uno de los mayores escándalos inmobiliarios del país.
