Álvaro Uribe condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude y soborno

Álvaro Uribe condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude y soborno

Santo Domingo. El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue condenado este viernes a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, según la sentencia dictada por la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

La decisión convierte a Uribe, de 73 años y fundador del partido Centro Democrático, en el primer exmandatario colombiano en recibir una condena penal. La jueza ordenó su traslado inmediato a su domicilio en el municipio de Rionegro, Antioquia, donde cumplirá la pena bajo supervisión judicial. Además, se le impuso una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822 mil dólares) y fue inhabilitado por más de ocho años para ejercer funciones públicas.

La condena superó las expectativas iniciales: la jueza había adelantado que la pena podría estar entre cuatro y ocho años, y la Fiscalía había solicitado nueve años. No obstante, el fallo fijó 144 meses (12 años), argumentando la gravedad del soborno múltiple como delito base y sumando años por fraude procesal.

El caso, que algunos en Colombia ya denominan el “juicio del siglo”, tiene su origen en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, la investigación viró en su contra, al ser señalado por buscar alterar declaraciones a su favor, utilizando terceros para sobornar a testigos en tres ocasiones: Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés.

Durante la audiencia, que captó la atención nacional por más de diez horas, la jueza consideró “sólidas” las pruebas presentadas por la Fiscalía y descartó el cargo de soborno simple, aunque sostuvo que Uribe era “el hombre más poderoso del país” y que debía responder ante la ley.

La defensa del expresidente anunció que apelará la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, en un proceso que continuará generando repercusiones políticas y jurídicas dentro y fuera de Colombia.

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