Turismo dominicano pide revisar el cobro de la Ley de Residuos Sólidos por su impacto en las MiPymes

Santo Domingo. Las principales organizaciones del sector turístico de la República Dominicana solicitaron al Gobierno revisar la aplicación de la contribución establecida en la Ley 225-20 sobre gestión integral de residuos sólidos, al considerar que el mecanismo de cobro vigente afecta de manera desproporcionada a las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la intermediación turística. Las entidades plantearon la creación de una mesa técnica con las autoridades para evaluar ajustes basados en criterios objetivos.

Durante una rueda de prensa conjunta, representantes de ADOTUR, ADAVIT, OPETUR y ASOTURE señalaron que agencias de viajes, tour operadores y mayoristas administran elevados volúmenes de facturación por cuenta de terceros, pero trabajan con márgenes de ganancia reducidos y generan una cantidad limitada de residuos sólidos. En ese sentido, sostuvieron que calcular la contribución sobre la facturación bruta no refleja la realidad operativa del sector y compromete la competitividad de las empresas.

Los gremios también advirtieron que un mismo servicio turístico puede ser gravado en varias etapas de la cadena comercial, desde el mayorista hasta la agencia minorista y los proveedores finales, lo que incrementa los costos de operación. A su juicio, esta situación representa una carga adicional para las MiPymes, especialmente en un contexto de mayores compromisos tributarios y presiones económicas que limitan su capacidad para absorber nuevos costos.

Las asociaciones reiteraron que respaldan los objetivos ambientales de la Ley 225-20 y la necesidad de fortalecer la gestión responsable de los residuos sólidos. Sin embargo, solicitaron mayor transparencia sobre el uso de los recursos recaudados y pidieron instalar una mesa de trabajo con los ministerios de Turismo, Industria, Comercio y Mipymes, Medio Ambiente, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y demás instituciones competentes para definir un esquema de aplicación que preserve la sostenibilidad ambiental sin afectar la viabilidad financiera del sector turístico.

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