Caracas.– La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el fin de la aplicación de la Ley de Amnistía, apenas semanas después de su entrada en vigor. La medida, que había sido presentada como un paso hacia la reconciliación política, ha generado cuestionamientos de organizaciones civiles y sectores de la oposición.
La normativa fue impulsada tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar a inicios de año, y contemplaba la liberación de personas detenidas en el contexto de conflictos políticos desde 2002. Sin embargo, su alcance fue limitado al excluir a militares y a ciudadanos vinculados a acciones armadas, lo que redujo el número de beneficiarios.
Aunque las autoridades informaron sobre la excarcelación de un grupo significativo de detenidos, organizaciones de derechos humanos sostienen que cientos de presos políticos continúan en prisión, lo que ha alimentado las críticas sobre la efectividad de la medida y la falta de transparencia en su aplicación.
Rodríguez señaló que los casos que no fueron cubiertos por la amnistía podrán ser tratados mediante otros mecanismos institucionales. No obstante, activistas advierten que el cierre de esta vía sin resolver la situación de numerosos detenidos podría mantener la presión internacional sobre el sistema judicial y la situación de los derechos humanos en el país.
