SANTO DOMINGO. – La Fundación Equidad y Justicia Social (FEJUS) expresó su enérgica condena ante la reiterada violación del Código Tributario (Ley 11-92) por parte del Estado dominicano, al no aplicar la indexación por inflación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los salarios, como establece el artículo 296 de dicha normativa.
La entidad recordó que desde hace más de una década los gobiernos han incumplido este mandato legal, afectando directamente el poder adquisitivo de más de 700,000 trabajadores asalariados, quienes pagan impuestos sobre ingresos ficticios generados por la inflación. Este incumplimiento —según FEJUS— representa una grave violación al principio de legalidad tributaria consagrado en la Constitución.
El presidente de la Fundación, Fidel Lorenzo Merán, declaró que “el Estado dominicano no puede seguir actuando como un Estado delincuente, que viola de forma intencional sus propias leyes en perjuicio de la clase trabajadora”. Sostuvo que no existe justificación moral ni jurídica para mantener congelado el monto exento del impuesto al salario, cuando la ley ordena su ajuste anual por inflación.
De acuerdo con FEJUS, el monto exento actual de RD$416,220.00 anuales está desfasado frente a la realidad económica del país. Si se aplicara correctamente la indexación establecida por el Banco Central, el monto debería oscilar entre RD$550,000 y RD$600,000 al año. Esta omisión ha provocado un incremento encubierto del impuesto sobre el salario, reduciendo el nivel de vida de miles de familias dominicanas.
La Fundación manifestó su respaldo total a la propuesta del senador Omar Fernández, quien sometió una resolución en el Senado para solicitar al Presidente de la República instruir la aplicación inmediata de la indexación prevista en la Ley 11-92.
“Respaldamos toda iniciativa que restituya el respeto al Estado de derecho y garantice la equidad tributaria. No puede hablarse de justicia social en un país donde el propio Estado desobedece la ley”, subrayó la organización en su comunicado.
La Fundación Equidad y Justicia Social hizo un llamado al Congreso Nacional, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a corregir esta injusticia histórica, aplicando la ley en su totalidad y asegurando un sistema fiscal justo, transparente y conforme a la Constitución.
