Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader anunció el pasado 18 de agosto que el Gobierno se encuentra trabajando en la creación del Ministerio de Justicia, una de las transformaciones institucionales más relevantes de los últimos años en el país. De acuerdo con el mandatario, este proceso será implementado de “manera gradual” hasta enero de 2026, debido a la necesidad de realizar un traspaso ordenado de competencias que hoy corresponden a la Procuraduría General de la República.
Abinader explicó que ya se ha identificado la edificación que servirá como sede principal de la nueva institución. Sin embargo, a más de un mes de aquella declaración, todavía falta la disposición oficial que dará inicio al proceso de estructuración. Según el artículo 66 de la ley que crea el Ministerio de Justicia, la entidad cuenta con un plazo máximo de 12 meses para entrar en funcionamiento a partir de la designación de su titular, decisión que aún no ha sido tomada por el Ejecutivo.
El marco legal establece que el Ministerio de Justicia deberá mantener una estrecha coordinación con organismos como el Ministerio Público, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, además de otros entes vinculados a los poderes judicial y ejecutivo. Esta articulación busca garantizar que el nuevo esquema administrativo no genere duplicidades ni vacíos en la gestión estatal.
En cuanto a posibles designaciones, el nombre que más ha sonado es el de Antoliano Peralta Romero, quien ha sido la figura encargada de explicar cómo funcionaría esta estructura dentro del sistema penitenciario. Asimismo, se menciona a Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, organización aliada al oficialismo en los pasados comicios. Moreno fue candidato a la senaduría del Distrito Nacional, contienda en la que resultó ganador Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo.
La creación del Ministerio de Justicia busca descargar al Ministerio Público y a la Procuraduría General de funciones administrativas que han limitado su rol en la persecución penal. Entre las nuevas atribuciones se incluyen la gestión del sistema penitenciario, el auxilio científico forense a los tribunales, así como el registro y certificación de documentos oficiales y notariales.
De concretarse en los plazos previstos, la instalación del nuevo Ministerio representará un cambio histórico en la organización del Estado dominicano, que impactará tanto en el ámbito judicial como en la administración pública. El debate sobre quién será el primer titular de esta institución se mantiene abierto, mientras el país observa con atención los próximos pasos del Gobierno en este proceso de transición.
