Santo Domingo. – El juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar acusación contra los presuntos integrantes de una red de militares y civiles, señalados por una estafa al Estado superior a los RD$100 millones mediante sobornos.
El magistrado declaró complejo el proceso judicial y dictó medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica para los imputados. Las medidas tendrán una vigencia máxima de ocho meses, salvo que un tribunal las modifique por causas justificadas.
Además, el juez dispuso que los encartados tienen 20 días para apelar la decisión, conforme a los artículos 245 y 411 del Código Procesal Penal.
Entre los procesados con arresto domiciliario figuran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, Ramón Quezada Ortiz, Andrés Pacheco Varela, Wellington Peralta Santos, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y Luis Ernesto Vicioso Boció. A estos se les deberán otorgar permisos médicos o familiares urgentes sin dilación burocrática. También se dictó impedimento de salida para Carlos Ambrosio Robles Díaz, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Caamaño Pérez.
