SANTO DOMINGO.– El director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), Roberto Santana, afirmó que la creación de un Ministerio de Justicia en la República Dominicana sería esencial para consolidar y proteger los avances logrados en el sistema penitenciario, evitando retrocesos en futuras gestiones gubernamentales.
Durante el taller de evaluación sobre la participación gubernamental y de la sociedad civil en la reforma penitenciaria, celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), Santana sostuvo que esta nueva institución permitiría un manejo autónomo y especializado del sistema penitenciario, con su propio presupuesto, personal y enfoque técnico. “Tiene que haber un sistema penitenciario dirigido únicamente por un Ministerio de Justicia, donde esa estructura sea una prioridad institucional y tenga estabilidad operativa. Eso evitaría que de un funcionario a otro se paralicen o desmantelen los avances logrados”, expresó Santana.
El especialista indicó que, a diferencia del modelo actual, el nuevo ministerio abarcaría todas las fases de atención a los privados de libertad, desde la rehabilitación hasta la reinserción, y lo definió como una herramienta fundamental para la seguridad pública.
Recordó que esta figura ya existió en la historia institucional del país durante más de un siglo, hasta ser eliminada en 1946, traspasando sus funciones a la Procuraduría General de la República. Su retorno, explicó, permitiría un rediseño más coherente y moderno del sistema de justicia penal.
En el mismo escenario, el director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández, abordó el proceso de traslado de la cárcel La Victoria al nuevo recinto Las Parras, que tendrá capacidad para 2,400 internos. Informó que el antiguo penal será transformado en un centro preventivo, como parte de una fase de planificación técnica en marcha.
Santana concluyó que esta etapa es clave para evaluar qué infraestructuras funcionan y cuáles no, y reiteró que el éxito de la reforma penitenciaria dependerá de una institucionalidad sólida y especializada, como la que representaría el propuesto Ministerio de Justicia.
