Víctor Scharboy demanda a la PGR por prisión ilegal y exige millonaria indemnización

Víctor Scharboy demanda a la PGR por prisión ilegal y exige millonaria indemnización

SANTO DOMINGO.– El investigador social Víctor Scharboy Almánzar sometió ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una demanda en responsabilidad patrimonial contra la Procuraduría General de la República (PGR) y varios procuradores fiscales de Santo Domingo Este, por los daños materiales y morales derivados de su prolongada e injustificada prisión.

Scharboy Almánzar, representado por los abogados Miguel Álvarez Hazim y Luis Lizardo Cabrera, fue absuelto el 10 de junio de 2024 por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santo Domingo, tras pasar ocho meses y 15 días en prisión, acusado falsamente por su expareja. El tribunal declaró su inocencia por insuficiencia de pruebas, dejando en evidencia lo que los juristas califican como un proceso viciado y abusivo.

La demanda, notificada mediante el acto No. 712/2025, está dirigida contra la PGR como institución y también de manera individual contra los fiscales César Payano, Carlos Casado, Florentino Sánchez Zabala, María Sánchez y Felipe Cuevas, a quienes se les atribuye la violación de principios constitucionales y legales, incluyendo la Ley 133-11 y varios artículos del Código Procesal Penal.

Según los abogados, el Ministerio Público no permitió a Scharboy defenderse, lo detuvo sin investigar y solicitó prisión y condena sin pruebas ni causa probable, con el único propósito de legitimar una acusación falsa y extorsiva. Añaden que su cliente fue víctima de maltrato institucional, negligencia e indiferencia, incluso cuando su familia alertó por escrito a la entonces procuradora Miriam Germán.

Los demandantes solicitan al TSA que condene a la PGR a pagar RD$30 millones como reparación por los daños causados a Scharboy Almánzar, y que cada fiscal acusado pague RD$6 millones de forma separada y solidaria.

El caso de Scharboy Almánzar pone en tela de juicio el actuar del Ministerio Público y abre un precedente relevante sobre la responsabilidad civil del Estado en casos de detención arbitraria y violación de derechos fundamentales.

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