Washington, D.C. – Donald Trump ha elevado significativamente un conflicto constitucional con el estado de California debido a su ofensiva en materia migratoria. El presidente, quien ya ha sido calificado por algunos como autoritario, muestra una disposición a llevar a la nación a un punto crítico en su búsqueda de un Gobierno autoritario.
En un giro impactante, Trump respaldó públicamente el arresto del gobernador demócrata de California, el estado más poblado de Estados Unidos. “Creo que sería algo grandioso”, declaró Trump a periodistas, marcando un precedente inusual para un presidente de la nación, considerada históricamente defensora de la democracia.
Posteriormente, Trump ordenó el despliegue de cientos de soldados de la Infantería de Marina en servicio activo en Los Ángeles y autorizó la llegada de 2,000 reservistas adicionales de la Guardia Nacional. Esta acción ocurre tras un fin de semana de disturbios que incluyeron enfrentamientos con la policía y vehículos incendiados, generados por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en busca de inmigrantes indocumentados en una ciudad y un estado que son bastiones demócratas. Las autoridades de California y Los Ángeles rechazan las afirmaciones de Trump de haber perdido el control de la situación.
La decisión de Trump de movilizar tropas a pesar de la oposición del gobernador de California, Gavin Newsom, subraya su inclinación a ejercer un poder ejecutivo extraordinario, a menudo con bases cuestionables. Esta acción representa una ruptura con su primer mandato, donde funcionarios del establishment con frecuencia lo disuadían de sus impulsos más extremos.
Expertos y figuras políticas advierten sobre un nuevo y grave capítulo en el desafío de Trump al Estado de derecho y la democracia. El senador Jack Reed, demócrata de mayor rango en el Comité de las Fuerzas Armadas, condenó la medida, señalando que “amenaza con convertir una situación tensa en una crisis nacional” y que el pueblo estadounidense no desea que las fuerzas armadas apliquen la ley en territorio nacional. La representante demócrata por California, Nanette Barragán, calificó las movilizaciones como una “señal de dictador” y consideró la amenaza de arresto al gobernador “bastante indignante”.
